España es nuestra propiedad, por José Félix Sánchez-Satrústegui

El espíritu de propiedad es el más fuerte aguijón que conocen los civilizados; se puede, sin exageración, estimar en un doble del trabajo servil o asalariado el producto del propietario (Charles Fourier, socialista utópico).

Ya no estoy seguro si mi perverso oído escuchó la frase que da título a este artículo o fue mi malvado cerebro el que la descifró así. Leo en la prensa que Alberto Núñez Feijóo afirmó en el Senado: “España es nuestra prioridad”. Me equivoqué yo, claro. Pero sabemos que a Feijóo, al buscar un exceso de moderación en los discursos, se le bloquea la actividad cerebral y se atolondra. Cuando pretende mostrar sus conocimientos en política económica, confunde primas de riesgo con tipos de interés; si critica la subida de las pensiones por no ser posible en la UE superar el techo de gasto, ignora que este excluye a la Seguridad Social. Si lo que quiere es tildar a Pedro Sánchez de incompetente y de ir por libre poniendo el acento en el socialcomunismo de su gobierno, por la petición de fijar un tope para el precio del gas, la Comisión Europea, tan chavista y bolivariana, aprueba el mecanismo ibérico para abaratar la luz y, a renglón seguido, propone extenderlo a toda la Unión Europea (UE). Las numerosas pruebas ad hoc que la derecha nos pone en bandeja cada día me hacen dudar de que, en realidad, el que se equivocó fue él y quiso decir que “España es nuestra propiedad”. La de ellos.

Al que he denominado en varias ocasiones como el hombre que susurraba a los camellos, ahora resulta que es el hombre al que susurra el apóstol Santiago. Le asesora, según ha reconocido el propio asesorado. Aunque a veces da la sensación de que le aconsejara mediante un botafumeiro con polvo de tristura y lapsus.

Una vez alcanzado en tiempo récord el objetivo de que, ¡por fin!, se hable español en Madrid, Toni Cantó abandona la Oficina del ídem para fichar por una cadena de televisión donde ambos, la cadena y él, expresen más y mejor su fascismo.

Isabel Díaz Ayuso, Barbie Madriles, al formar parte del grupo de propietarios del país, se siente con poderío suficiente como para decretar tres días de luto por la muerte de Isabel II del Reino Unido, no tan unido. Isabel II, como todo ignorante sabe, es más madrileña que Almudena Grandes, a la que ignoró en su fallecimiento (ahora han tratado la muerte de Javier Marías con frialdad, pero no con el desprecio que emplearon entonces). Se especula con la frase que figurará en la corona enviada a Londres. Parece ser que cambiará la prevista “Gibraltar español”, ya que ahora no toca molestar, por “Gibraltar para vosotros, (porque Madrid es España dentro de España; pero Gibraltar no es Madrid, luego no es España dentro de España)”. O algo así. Perversa niñata.

La marca judicial del PP es fundamental en ese sentimiento de propiedad de la derecha patria. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está en funciones porque el PP se niega a renovarlo. Están ocupando ilegalmente el lugar que deberían haber abandonado hace tiempo; es decir, son unos okupas. Lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional (TC). Prorrogan en la Justicia un poder que perdieron en las urnas. El CGPJ y el TC se instalan en la ilegalidad e incumplen la Constitución. Se saltan el Estado de derecho para mantener un Estado de derechas.

El secuestro de la Justicia por parte del conservadurismo ha sido extraordinariamente eficaz y, además, sin coste político alguno. Ha colocado a jueces afines en lugares clave. ¿Cómo se puede explicar que José Antonio Griñán vaya a entrar en prisión y Esperanza Aguirre ni siquiera vaya a ser juzgada? La responsabilidad in vigilando no se aplica por igual. No digamos nada de M. Rajoy, ese ser anónimo político al que nadie le pide explicaciones como, por ejemplo, las que lleva pidiendo el mismo juez a los dirigentes de Podemos (y que se niega a imputar a Cospedal). Este magistrado, García Castellón, que investiga la operación Kitchen, cobró durante 17 años en puestos nombrados por los Gobiernos de Aznar y de Rajoy.  Para colmo de cinismo, Feijóo, por consejo apostólico, acusa al Gobierno de querer controlar el CGPJ y el TC.

La vicepresidenta Yolanda Díaz se reúne con los representantes de las asociaciones de consumidores y las principales empresas de distribución que operan en España. El objetivo es que se comprometan voluntariamente a limitar los precios de algunos productos básicos en plena crisis inflacionaria. Se trata de aplicar en España lo mismo que Nicolas Sarkozy (otro conocido marxista) ensayó en Francia durante la crisis de precios que sufrió su país en 2011, cuando las grandes superficies se comprometieron a ofrecer a los consumidores productos alimenticios de calidad a precios atractivos. Debe tenerse en cuenta que algunos de estos productos se están vendiendo con un incremento de hasta el 800% con respecto a lo que reciben agricultores y ganaderos.

Expertos aseguran que no es posible limitar por ley los precios de los alimentos básicos según la normativa de la UE, aunque, como ocurrió en la pandemia con las mascarillas o posteriormente con el gas, no podría descartarse a la vista de la situación de emergencia que provoca la invasión rusa de Ucrania. Fijar precios máximos para bienes de primera necesidad como las mascarillas o el gas también estaba en su momento fuera de las normas, pero se abrió camino como consecuencia de la pandemia y la crisis energética. Desconozco más detalles e ignoro los problemas legales que habría que resolver, pero abrir este debate es muy valiente y acertado. Intentar mejorar las condiciones de vida de quienes peor lo pasan es una obligación de los poderes públicos y de toda la sociedad; aunque pedir solidaridad a las distribuidoras, grandes superficies, energéticas y demás poderosos es ingenuidad. Nuestra Constitución admite la posible intervención del Estado para proteger el interés general de los ciudadanos. Si es necesario, como parece, hágase.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE (la marca empresarial de la derecha), ha acusado a Yolanda Díaz, de “planificación soviética” por negociar la regulación de los precios de algunos productos de alimentación, como he expuesto más arriba. Que pasen hambre los que no tienen dinero para comer mientras algunos se forran a costa de todos es muy liberal, claro. Es el mercado, amigo.

Hay más copropietarios de España. Por ejemplo, la Iglesia que okupa mediante robo permitido gran parte del patrimonio nacional mientras esconde bajo las sotanas la pederastia. O las energéticas. Iberdrola (la marca luminosa de la derecha con su Consejo de Administración plagado de ex altos cargos peperos y algún socialista de pacotilla) es el paradigma hispano.

La Comisión Europea aprueba una propuesta que prevé recortar un 5% el consumo de luz en horas punta y una tasa del 33% a los beneficios extraordinarios de las energéticas y calcula que la nueva tasa recaudará 140 000 millones.  Aquí, PP y Vox se oponen al impuesto a la banca y a las energéticas por ser una medida “heredera del comunismo más bilioso del siglo XX”. De la banca, como se conoce a la famosa organización antisocial “Ladrones sin fronteras”, hoy no toca hablar.

Aunque se me habrán olvidado algunos, he querido citar hoy a los que de una u otra manera forman parte de la élite, de los dueños del cortijo; de la jarca que considera que España es de su propiedad.

José Félix Sánchez-Satrústegui Fernández

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