Tenía escrito que el nuevo fascismo había venido y todos sabíamos cómo había sido. En Italia, Meloni es un buen ejemplo de que lo hemos ido dejando llegar y acomodarse, porque creímos que se quedaría en Polonia y Hungría (sin hablar del gran susto sueco). Pero hay más casos acechando.

A la vez que sus blanqueadores, unidos a los tibios crónicos, conseguían convencer a la mayoría de que no merecía la pena otra cosa que la inacción ante ellos, seguidores de Trump asaltaron el Capitolio de los Estados Unidos violando la seguridad y ocupando partes del edificio durante horas. El suceso ocurrió después de numerosos intentos de Trump de anular los resultados de las elecciones de 2020 tras un supuesto fraude electoral. No estamos hablando de un hecho ocurrido en una república bananera.

En Alemania, la policía ha desmantelado a un grupo de extrema derecha que planeaba derrocar al gobierno empleando medios militares. Hay, de momento, 25 detenidos entre los que se encuentran seguidores de los Reichsbürger (Ciudadanos del Reich), un expolicía, una exdiputada ultraderechista que ejerce actualmente como jueza, antiguos miembros de las Fuerzas Armadas (entre ellos un teniente coronel encargado del brazo militar) y el aristócrata Heinrich XIII, un «nazinostálgico» con ínfulas imperiales, como cabecilla político. Es de suponer que habrá más implicados, con tan poco facha no es posible planear un golpe de estado. ¿Qué, quiénes, cuántos más hay detrás?

A Alberto Núñez Feijóo, líder oficial de la oposición, se le escapó, o no, la base fundamental de su pensamiento democrático al explicar por qué el PP tiene bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): «Para protegerlo del Gobierno de Sánchez». El voto de los españoles le parece poca cosa al suaviño. Tacha de ilegítimo al Gobierno de Sánchez a la vez que incumple la Constitución para mantener el poder judicial en manos conservadoras. Asimismo, recurre al Tribunal Constitucional (TC) para detener el debate parlamentario. El momento es más peligroso de lo que pudiera parecer. Hablan de golpe de estado ante cualquier movimiento de la izquierda y del gobierno para esconder el verdadero, el que niega el voto ciudadano frente al poder de las togas. Para colmo, una mayoría del TC abandona de manera despreciable la legalidad constitucional para no renovar a sus miembros por intereses espurios. La inconstitucionalidad del TC debe figurar entre los fundamentos más potentes para una necrológica sobre la democracia.

El PP pretendía prohibir, mediante sus poderosos aliados armados de toga y puñetas, que el Congreso votara las reformas legales que las izquierdas quieren aprobar para desbloquear la renovación del TC. Sin embargo, han llegado a tiempo para conseguirlo en el Senado, condicionando con ello la soberanía nacional. La mordaza al Parlamento por parte del TC, aliado del PP y Vox, es un gravísimo ataque al Estado de Derecho.

Mientras acusa de autoritario, incluso golpista, al gobierno de coalición la derecha-extrema derecha mantiene posturas anticonstitucionales y antidemocráticas. Las reacciones son, como mínimo, de perplejidad: unos hablan de secuestro del TC, otros de sabotaje democrático, motín del TC o fallo multiorgánico de la democracia. Otros, incluso, como Pilar García Torres aquí, en Estella Noticias, en un artículo demoledor que titula Intento de golpe de estado judicial, comienza así: «La cúpula del poder judicial que lleva pasándose por el forro la Constitución desde hace más de tres años, está dispuesta a dar un golpe de estado judicial a petición de la derecha inconstitucional». En otro párrafo, añade: «Lo que está pasando hoy en las Cortes es la puesta en escena de otro intento de secuestrar la democracia en esta “Esñapa” mía, en esta “Esñapa” nuestra». España se convierte en una democracia chapuza (ñapa). Autoritarismo posdemocrático, lo llama Josep Ramoneda.

El presidente del TC, González Trevijano, tiene su mandato agotado y quiere seguir ilegalmente. El ponente elegido para el recurso del PP es Enrique Arnaldo, magistrado de pasado oscuro en relación con algunos asuntos con Jaume Matas e Ignacio González. Fue quien advirtió a este, cuando era presidente de Madrid, que se estaba «moviendo» para que el nuevo jefe de la Fiscalía fuera «bueno». Ninguno de los dos magistrados afectados por la reforma se han apartado del pleno del TC. González-Trevijano y Narváez, con el mandato caducado desde junio, han participado en la votación en la que el pleno ha rechazado (seis a cinco) que sean apartados de las deliberaciones tal y como habían pedido Unidas Podemos y el PSOE, al depender su futuro en el citado órgano del resultado de esa reforma legal con la que el Gobierno pretende desbloquear la renovación. Caraduras de tomo y lomo.

Hace casi dos años, al hilo del ya citado asalto al Capitolio en EE. UU., el profesor Vicenç Navarro publicó un artículo de opinión que tituló ¿Es posible un golpe de Estado en España? Su respuesta era que sí. Apuntaba algunas condiciones que continúan vigentes: crisis económica y social muy acentuada, persistencia de una cultura heredada del franquismo, aparición de la ultraderecha de Vox, discurso de odio y hostilidad hacia el gobierno de coalición de izquierda y enorme agresividad a los nuevos movimientos como Unidas Podemos. Cita también a las políticas neoliberales causantes de la crisis económica y a un sector de los militares.

No olvidemos algunos datos. Grandes fortunas y altos ejecutivos financiaron el nacimiento de Vox a partir del ultracatólico Hazte Oír. El sector ultraderechista policial, articulado alrededor de Jusapol, y sus sindicatos, Jupol y Jucil, mayoritarios en la Policía Nacional y la Guardia Civil, mantienen la estrategia de crispación de Vox y un discurso muy agresivo contra el Gobierno, algo inusual en asociaciones policiales anteriores.

La Asociación de Militares Españoles (AME) sugirió un golpe de Estado en 2021 y pide abiertamente el voto para Vox para acabar con el «sanchismo». En Público se lee que «Un coronel del Estado Mayor lanza una campaña contra los denunciantes de militares ultras y los llama cobardes».

En elDiario.es se informó en su día que decenas de altos mandos militares jubilados enviaron dos cartas a Felipe VI para protestar por la situación de España en manos de «un Gobierno social-comunista apoyado por filoetarras e independentistas» (¿les suena?). Mayor violencia (de momento solo verbal) contienen los mensajes de un chat de exmilitares, desvelados por infoLibre. El general retirado Francisco Beca tiene claro su concepto de convivencia cuando envió al chat la frase «no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta». Se refería a los rojos, claro.

El uso de un lenguaje apropiado a los fines fascistas no es ajeno a este infeliz advenimiento. Juezas y Jueces para la Democracia opina que «la renovación del TC constituye una prioridad para los demócratas, frente a quienes han sucumbido a las presiones partidistas para que no tenga lugar». Pide bajar el tono en el debate, con lo que concuerdo, pero no es suficiente con bajar el tono y mejorar las formas. Hay un trasfondo violento en el que se mueven elementos muy peligrosos cada vez con menos disimulo. Y en lo alto del poder, unos señores que de negro uniforme enturbian la democracia por mantenerse en él cuando deberían haberse ido a hacer puñetas.

José Félix Sánchez-Satrústegui Fernández