En resolución del 27 de septiembre de 2021, que estima el recurso de alzada presentado por los delegados sindicales pertenecientes a la plantilla de Policía, contra la inactividad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra en el desarrollo reglamentario de la Ley de Policías, el Tribunal Administrativo de Navarra reconoce la aplicación con carácter retroactivo al 1 de enero de 2019, de las retribuciones complementarias resultantes del estudio de valoración del puesto y posterior desarrollo reglamentario mediante la modificación de la plantilla orgánica.

Con esta resolución, el TAN no solo reconoce que el Ayuntamiento tenía la obligación de realizar el desarrollo reglamentario de la Ley de Policías que le exigía la plantilla, y que finalmente, tras muchas presiones, accedió a realizar, sino que también tiene que aplicar ese desarrollo con carácter retroactivo a las retribuciones de los Policías Municipales desde el 1 de enero de 2019. Esto significa que el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, adeuda un importante montante económico a las nóminas de sus trabajadores de Policía Municipal y que calculamos podría rondar los 160.000€ en total.

Desde la representación sindical nos sentimos reconfortados al ver como el TAN, la institución encargada de velar por la legalidad de los actos de las entidades locales, reconoce que aquello que advertíamos y exigíamos allá por el mes de enero era una pretensión completamente legítima y ajustada a derecho. El TAN en su resolución reconoce sin ningún género de dudas, que el nuevo régimen de retribuciones tiene carácter retroactivo al 1 de enero de 2019 y cita en su resolución una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº2 de Pamplona que vendría a establecer una importante jurisprudencia.

Con esta contundente resolución del TAN y con la jurisprudencia del Contencioso Nº2, esperamos que el Ayuntamiento tenga pocas dudas y cumpla con su deber, no haga más grande la deuda para las arcas municipales, y liquide cuanto antes las retribuciones adeudadas a su plantilla, ya que recurrir al juzgado de lo contencioso implicaría importantes costes adicionales para el Ayuntamiento y los trabajadores podrían, además, reclamar intereses de demora. Esta resolución, sienta también un importante precedente que afectaría a todas las Policías de Navarra cuyas administraciones aún no hayan procedido a realizar el desarrollo reglamentario de la Ley de Policías 23/2018, incluida la propia Policía Foral de Navarra.