El Ayuntamiento de Estella tendrá que pagar 4.500 € porque Bildu colocó en el balcón de su despacho la Estelada

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  • El Contencioso Administrativo ha condenado al Ayuntamiento de Estella ha pagar 4-.500 €, en concepto de costas, porque el Grupo Municipal de EH-Bildu colocó en la ventana de su despacho la bandera independentista catalana. 
  • De esta forma la jueza da la razón a la edil de Upn, Begoña Ganuza que presentó el correspondiente recurso, al entender que la enseña es la expresión de un sentimiento político y no un símbolo institucional. 
  • En su recurso el Ayuntamiento aseguró que Eh-Bildu colocó la bandera sin solicitar ningún tipo de permiso y que el propio alcalde ordenó su retirada el mismo día, 11 de septiembre de 2018.
  • Estella Noticias ha tenido acceso a la sentencia que te ofrece en exclusiva en toda su integridad a continuación.

 

SENTENCIA nº60/19
En Pamplona, a 14 de febrero de 2.019

Objeto: Actividad administrativa de hecho
Demandante: Dña. Begoña Ganuza, Letrado: 
Demandado: Ayuntamiento de Estella

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 13 de septiembre de 2.018 se interpuso por el Procurador de los Tribunales, D. Jaime Ubillos Minondo, en nombre y representación de Dña. Begoña Ganuza, recurso contencioso administrativo contra la actuación material del Ayuntamiento de Estella consistente en la exhibición de la bandera independentista de Cataluña, en la fachada de la de la casa consistorial el día 11 de septiembre de 2.018, día de la diada.

SEGUNDO.- El recurso se admitió a trámite con decreto de 24 de septiembre de 2018, acordándose recabar el expediente administrativo.

TERCERO.-. Dado traslado del expediente administrativo, la parte demandante formalizó demanda con escrito de 16 de octubre de 2018, en  el que solicitaba la anulación de la actuación impugnada con condena en costas del Ayuntamiento demandado.

CUARTO.- Mediante escrito de 16 de noviembre de 2.018 el Ayuntamiento de Estella presentó escrito de contestación a la demanda expresando los fundamentos por los que estimaba improcedente la pretensión de la parte demandante, solicitando por tanto que se dictara una sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, con condena en costas a la parte demandante.

QUINTO.- Con decreto de 26 de noviembre de 2018 se fijó la cuantía del procedimiento como indeterminada.

SEXTO.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba, se admitió la documental propuesta por ambas partes.

SÉPTIMO.- Interesado por las partes el trámite de conclusiones se dio traslado para la práctica del mismo por vía escrita. Una vez verificado, mediante providencia de 30 de enero de 2.019, se declararon los autos conclusos para sentencia, si bien las actuaciones pasaron a esta Magistrada para poner la presente sentencia mediante diligencia de ordenación de 12 de febrero de 2.019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente procedimiento es objeto de impugnación una actuación administrativa ejecutada por la vía de hecho por el Ayuntamiento de Estella, como es en concreto la consistente en la exhibición de la bandera independentista de Cataluña en la fachada de la casa consistorial el día 11 de septiembre de 2.018, día de la díada. La parte demandante expresa en su demanda que el día 11 de septiembre de 2.018, el Ayuntamiento de Estella permitió la exhibición en la fachada de la casa consistorial en u lugar principal, de la bandera independentista de Cataluña, conocida como “estelada”, con motivo de la celebración del día de la “diada”, lo que, a su entender, supone una actuación material contraria a Derecho. Comenta que la bandera en cuestión no es la oficial de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ni representa a todos los ciudadanos de la misma. Es una expresión de un sentimiento político, no un símbolo institucional. Apela a la prohibición de exhibir otras banderas en sus edificios públicos que las legalmente reguladas en la Ley 39/1981, y el deber de respetar el principio de neutralidad y objetividad que rige la actuación de la Administración Pública.

SEGUNDO.-El Ayuntamiento demandado manifestó en su escrito de oposición que ni exhibió ni permitió exhibir en la fachada de la Casa Consistorial la bandera independentista catalana el día 11 de septiembre de 2018, ya que ninguno de sus órganos adoptó acuerdo alguno en el sentido de permitir la colocación de dicha bandera. Admite que la bandera se colocó desde el despacho del grupo municipal Bildu, pero se traga de un acto llevado a cabo exclusivamente por los miembros de dicho grupo municipal, que no solicitaron permiso ni autorización para ello a ninguno de los órganos municipales. Tal y como consta en el informe de Alcaldía, la bandera fue retirada a requerimiento de la alcaldía el mismo día que había sido colocada, por lo que no cabe hablar de permisibilidad ni de un acto presunto del Ayuntamiento. SEGUNDO.- Como ha quedado indicado en el presente procedimiento se formula impugnación de una actuación administrativa ejecutada por la vía de hecho, esto es, sin resolución administrativa expresa que la ampare, actuación enteramente susceptible de ser recurrida jurisdiccionalmente según determina el art. 25.2 de la LJCA. La concreta actuación de hecho desarrollada por el Ayuntamiento demandado, según consta en la documentación acompañada con la demanda, consistió en la colocación de la bandera independentista catalana en la fachada de la Casa Consistorial el día 11 de septiembre de 2.018. El Ayuntamiento demandado reconoce la realidad de este hecho.

TERCERO.- En cuanto al fondo del asunto, procede la estimación de la demanda porque ninguna norma del ordenamiento jurídico permite que un Ayuntamiento coloque en su fachada la bandera independentista de Cataluña, y ello sin perjuicio de que tal exhibición, como indica el propio Ayuntamiento de Estella, haya tenido lugar en la ventana del grupo municipal EH Bildu, (al que pertenece el Alcalde de la localidad) sin permiso o autorización a ningún órgano municipal. Y porque un Ayuntamiento, como poder público, está sujeto en su actuación a la ley, de modo que solamente puede llevar a efecto aquello que una norma expresamente le obligue o le autorice. De este modo la Ley 39/1981, reguladora del uso de la bandera española y de otras banderas y enseñas, determina el deber de ondear en todos los edificios y establecimientos de las administraciones (incluida la municipal) la bandera española (art. 3), la bandera de la comunidad autónoma (art. 4) y la bandera local (art. 5). Junto a tal legislación, no existe ninguna otra norma en el ordenamiento jurídico que habilite la colocación adicional de otras banderas, salvo el art. 7 de la propia Ley 39/1981 cuando admite la exhibición de banderas de otros Estados o naciones según regulación específica. Procede traer a colación la reciente STSJ de Navarra, de 6 de junio de 2.018, al conocer un recurso de apelación frente a la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Pamplona, que había estimado el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado contra la actividad del Ayuntamiento de Echarri Aranaz consistente en permitir ondear la bandera de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la fachada del Ayuntamiento el día 29 de julio de 2017 con ocasión del lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas patronales de la localidad.

Pues bien, la STSJN desestima el recurso, haciendo alusión a la STSJ País Vasco, de 29 de julio de 2.014, que, en relación con la colocación de la bandera por un particular, “ la sola permanencia de la pancarta en la facha da principal de la sede del Ayuntamiento presupone la asunción y responsabilidad del Consistorio, resultando en este aspecto insostenible la posición de la parte apelante, que parece apuntar a la “aparición” de una pancarta extraña a los órganos municipales, cuando aún en la hipótesis de que hubiera sido un tercero quien hubiere procedido a su efectiva instalación, lo cierto es que su actuación ha venido a ser refrendada y asumida por el Ayuntamiento, que no ha procedido a su retirada, la ha mantenido en un lugar preeminente del edificio consistorial, y ha defendido ante el Juzgado, y ahora en sede de apelación, su legalidad; otra cosa es que tal decisión responda o no a un acuerdo expreso adoptado en el seno de la organización municipal. En ese sentido, se insiste en el recurso en que no existe expediente administrativo, ni acto expreso, que guarde relación con la actuación impugnada, siendo precisamente su ausencia la que motivó el planteamiento en la instancia de tesis exart. 33.2 de la LJCA en relación con una posible vía de hecho, y la posterior calificación jurídica de la colocación de la pancarta como actuación material constitutiva de vía de hecho, al no ir precedida de una decisión administrativa que le sirva de fundamento. Es de ver, por tanto, que la defensa de Ayuntamiento, partiendo de idénticas premisas a las consideradas por el juzgador, llega a conclusión neta- mente diversa, al negar no sólo que haya existido actuación material por vía de hecho, sino, ya sin el menor rigor jurídico, actuar municipal impugnable. Sin embargo, no es cuestión sustancial en este proceso si la actuación que se somete a control jurisdiccional es pura actuación material sin la necesaria cobertura jurídica, ni tampoco, si como mantiene el abogado del Estado, está amparada por acto tácito, entendido como declaración de voluntad administrativa manifestada a través de la actuación material; por lo anteriormente argüido y en esencia ante el hecho indubitado de que en la fachada principal de la Casa Consistorial existe una pancarta con el lema “Euskal Presoak Euskal Herrira “, que por razón del lugar en que se ubica es imputable al Ayuntamiento al que, en consecuencia, ha de atribuirse esa reivindicación, la anterior disquisición conceptual deviene baladí, como improcedente la inadmisión del recurso pretendida por la apelante, que supone excluir de forma indebida de la fiscalización por los Tribunales una actuación administrativa, lo que abre paso al examen de si es o no ilícita, donde ha de residenciarse el debate.”

Por tanto no existe ninguna norma que brinde cobertura y habilitación legal a la actuación administrativa ejecutada por la vía de hecho por el Ayuntamiento de Estella en el caso que nos ocupa. La cuestión ha sido resuelta ya por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Navarra en relación con la colocación de la bandera de la II República en el exterior de la sede del Parlamento de Navarra. Afirma la STSJ Navarra 337/17, de 27 de julio, que “no se trata de negar el derecho que tiene cualquier partido o grupo político en su sede o en sus propias dependencias, al uso de la bandera que estime conveniente, pero cuando se trata de un edificio público, cual es el Ayuntamiento, no se puede hacer uso en el mismo, ni en el balcón principal, ni en cualquiera de sus fachadas o ventanas, se trate o no de un mástil o cualquier otro tipo de exhibición pública, de otra bandera que no sea la oficial o la propia bandera del Municipio, que además deben de ser las aprobadas legal o estatutariamente, como precisa dicha normativa, de no hacerlo así y aun cuando también se utilice la bandera de España, se contraviene tanto la citada normativa, como el principio de neutralidad política que debe presidir la actuación de la Administración Pública” (con cita expresa de la STSJ Castilla y León de 29 de octubre de 2015, que resolvió en tales términos la disconformidad a derecho de la colocación de la bandera de la II República por una entidad local). La concreta colocación de esteladas ha sido objeto de control jurisdiccional en anteriores ocasiones, por lo que procede mencionar las STSJ País Vasco, de 7 de junio de 2.016, que estima el recurso interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de San Sebastián, de fecha 9 de septiembre de 2.015, al inadmitir al amparo del artículo 69 c LJCA, el recurso contencioso, y entrando en el fondo, se remite a su anterior doctrina al respecto para concluir que ”la Corporación local demandada no puede sustraerse al principio de objetividad que no se compadece con actuaciones que lejos de responder al interés general de sus administrados implican tomar partido por causas políticas o adherirse a la actividad o reivindicaciones de grupos, partidos o instituciones, más allá del derecho a la libertad de expresión de pensamientos, ideas y opiniones que tienen los miembros de los órganos de gobierno de dicha entidad, amparado por el artículo 21.1 a) de la Constitución.

Las anteriores consideraciones relativas a la responsabilidad del Consistorio en el caso que nos ocupa no pueden verse superadas por el hecho de que la bandera independentista catalana hubiera sido retirada, según se indica en el informe de Alcaldía de 15 de noviembre de 2.018, a requerimiento del Alcalde a los miembros del grupo municipal EH Bildu, al ser advertido por los asesores jurídicos de que en caso de permitir dicha exhibición podría considerarse una actuación municipal contraria a Derecho, puesto que, la actuación material ya ha sido ejecutada y desarrollada, teniendo en cuenta además que en la demanda se solicita la anulación de la actuación impugnada, no su cesación, y el análisis de tal anulación es totalmente procedente, como digo, desde el momento en que la actuación ha tenido lugar materialmente. La legalidad o ilegalidad del acto que nos ocupa no depende de su mayor o menor duración temporal, sino de la existencia o inexistencia de cobertura legal para ejecutar el mismo.

CUARTO.- Además de lo anterior, y como explica la jurisprudencia recaída en supuestos idénticos al que nos ocupa, la actuación de hecho que aquí se enjuicia implica también, como apunta la parte demandante, una vulneración del principio de objetividad y neutralidad exigido a las Administraciones públicas en su actuar. El artículo 103 de la Constitución expresamente determina que “la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales”, y en igual sentido el art. 6 de la Ley de Bases de Régimen Local señala que los entes locales “sirven con objetividad los intereses generales que les están encomendados y actúan con sometimiento pleno a la ley y al derecho”. Se exige por tanto objetividad y neutralidad al ente público en su condición de “ente independiente y no instrumental ni tributario de organización social, religiosa, ideológica o política alguna, pues es el orden jurídico exclusivamente el que rige su actuación” (en palabras de la STSJ País Vasco de 11 de noviembre de 2006). Por todas estas consideraciones, procede estimar la demanda.

QUINTO.- En cuanto al pago de las costas procesales el art. 139.1 de la LJCA determina que se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, por lo que en este caso se impondrán a la parte demandada al resultar estimada la demanda dirigida en su contra.

FALLO

ESTIMAR íntegramente el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Dña. Begoña Ganuza, contra la actividad administrativa de hecho del Ayuntamiento de Estella consistente en exhibir en la fachada de la casa consistorial la bandera independentista catalana el día 11 de septiembre de 2.018, anulando dicha actuación material. Todo ello con imposición del pago de las costas procesales a la parte demandada. Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que, en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro de los quince días siguientes al de la notificación de esta resolución.

Llévese el original al libro de sentencias. Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Magistrada Juez que la suscribe, estando celebrando Audiencia Pública en  el día de su fecha, por ante mí el Letrado de la Administración de Justicia, de lo que doy fe.

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