LA SALUD DE LOS TRABAJADORES, por José Félix Sánchez-Satrústegui Fernández

 

FOTO MONTEJURRA SOLO

El 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El lema de la OIT y la ONU para este año, “generación segura y saludable”, tiene por objetivo mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores jóvenes y poner fin al trabajo infantil. Más allá de los propósitos anuales, el de fondo, desde su instauración, es promover la prevención de los accidentes del trabajo (AT) y las enfermedades profesionales (EP) en todo el mundo y crear una cultura de la prevención que ayude a reducir el número de muertes y lesiones relacionadas con el trabajo. También se conmemora en esa misma fecha, desde 1996, el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos, junto al movimiento sindical.

En este mismo medio, Félix Goikotxeta ha publicado recientemente tres artículos sobre “Enfermedades profesionales, profesionales enfermos” en los que, a través de su experiencia, expone algunas cuestiones que le preocupan sobre la prevención de riesgos laborales (PRL), las incapacidades y asuntos relacionados.

Aprovechando ambas circunstancias, me gustaría hacer algunas aportaciones sobre la salud laboral y la PRL.

Para que una enfermedad se considere profesional debe figurar en el cuadro correspondiente de la ley (lista renovada en 2006, pero que sigue siendo cerrada) y estar causada por la acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada una. Todo aquello que no cumpla estos requisitos no se considera EP por mucho que sea consecuencia del trabajo. Algunas de estas patologías podrán ser consideradas AT. Las definiciones de ambos son puramente legales y llevan aparejado un aspecto económico e indemnizatorio que habría que intentar separar del preventivo.

Para realizar una correcta política de PRL, la primera condición debe ser, después de tener voluntad de ello, disponer de un correcto sistema de información para saber de qué enferman los trabajadores y así poder actuar preventivamente. Las estadísticas actuales de AT y EP no son suficientes (la infradeclaración de estas últimas es tan significativa que las hace inservibles). Pero es que, además de mejorar estos registros, hay que tener en cuenta otros indicadores que relacionen el impacto sobre la salud de las desigualdades sociales, las condiciones de empleo o las relaciones laborales, por poner solo algunos ejemplos.

La vigilancia de la salud de los trabajadores se ha convertido en la realización rutinaria de reconocimientos médicos inespecíficos, no realizados en función de los riesgos a los que está expuesto el trabajador (la evaluación previa de los mismos debe ser obligatoria), que no aportan absolutamente nada desde un punto de vista preventivo (con pruebas diagnósticas y analíticas la mayoría de las veces ineficaces para el fin que deberían tener, pero que se ofertan para vender mejor el producto). El sistema de vigilancia de la salud ocupacional debería formar parte de un sistema público sostenido con una contribución empresarial. Ahora, en cambio, ha quedado (como toda la PRL) en manos privadas de grupos empresariales fuertes que han visto la posibilidad de un gran negocio y que andan lejos, no ya de posiciones filantrópicas, como es lógico, sino también fuera del abrigo de un servicio público más adecuado a los intereses de los trabajadores en esta materia.

La formación de los profesionales que se dedican a la PRL debe ser la adecuada para los objetivos que se buscan; también su independencia debe estar garantizada de forma inequívoca, y ahora no lo está.

Se precisa de mayor coordinación entre la administración sanitaria y laboral, pero también del resto de agentes implicados (incluidos los trabajadores y sus representantes). Es obligado un impulso político fuerte y claro. Me dedico profesionalmente a la PRL como médico especialista en Medicina del Trabajo desde hace muchos años y veo con pesar que la salud laboral, en realidad, le importa muy poco a los que tienen la obligación de aplicarla.

La Ley 31/1995 de PRL, sus posteriores modificaciones y toda la normativa que surgió tras ella, supuso un cambio muy positivo en la evolución de la prevención. Pero, además de que queda bastante por desarrollar, en muchos casos parece ser prioritario tener las estanterías de las empresas llenas de documentos de escasa utilidad práctica.

Hay aspectos que se quedan en el tintero, solo he tocado alguno de ellos por razones de espacio y porque no se trata de cansar al lector con un exceso de tecnicismos.

Me conformaría, simplemente, con ayudar a concienciar sobre la importancia del cuidado, mantenimiento y mejora de las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. Sin embargo, cuando se necesitan políticas activas en salud laboral, estas quedan fuera de la agenda política. Cuando necesitamos ser más eficaces, da la impresión de que nos quedamos estancados en la burocracia de la prevención.

 

 

José Félix Sánchez-Satrústegui Fernández

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