Francisco Javier Enériz, Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral, quien le ha hecho entrega formal del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2016, que contempla 1.965 actuaciones, 826 menos que en 2015, lo que supone un descenso del 29,6%.

En ese informe queda de manifiesto que el Ayuntamiento de Estella-Lizarra no ha contestado a un recurso presentado por un vecino ante el embargo de su cuenta bancaria efectuado en un expediente de recaudación ejecutiva, siendo los ingresos de esta persona inferiores al salario mínimo interprofesional. El Defensor sigue esperando la respuesta del Ayuntamiento estellés.

De la misma forma la Mancomunidad de Montejurra ha dado la callada por respuesta ante la solicitud de aclaración de un informe emitido por la Oficina de Rehabilitación y Vivienda (ORVE) de Tierra Estella, referente a una parcela del polígono 3 de Desojo.

También fueron motivo de queja el embargo realizado por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra por el impago del Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y la forma de proceder del Ayuntamiento de Estella-Lizarra en el expediente de reparcelación y urbanización de la Unidad AR-3 del PGOU y las tasas de la Escuela de Música.

El informe del Defensor del Pueblo constata que el consistorio estellés sí que aceptó  una recomendación relacionada con el excesivo incremento de tasas que una escuela de música pretende realizar para el próximo curso y que consistía en lo siguiente:

 – Recomendar al Ayuntamiento que, en la fijación de los precios públicos por inscripción y matriculación en la escuela municipal de música, no realice incrementos desproporcionados como los efectuados.

 – Recomendar al Ayuntamiento que, en aplicación del principio de cooperación interadministrativa, y dada su condición de titular de la escuela de música, inicie con el resto de entidades locales afectadas las negociaciones necesarias para dar sostenibilidad al referido servicio, sin que las personas interesadas tengan que abonar precios diferentes en función de su vecindad administrativa.

Las doce materias en las que más quejas se han recibido han sido, por este orden, función pública, bienestar social, educación, acceso a un empleo público, sanidad, medio ambiente, hacienda, urbanismo, tráfico, seguridad ciudadana, vivienda y justicia.