Donde hay poca justicia es un peligro tener razón (Quevedo)

He recurrido a varias citas, incluso clásicas, para escribir sobre los jueces y la justicia porque algunos filósofos, escritores o poetas de antaño dieron en el clavo como si se estuvieran refiriendo a la actualidad jurídica española. Y no voy a recurrir a aquella definición, más prosaica, de que la justicia es un cachondeo para que no se me malinterprete.

El griego Sócrates vivió en el siglo V a. C. Era conocido por su uso de la mayéutica como método de aprendizaje para que el alumno, por medio de preguntas, descubriera por sí mismo los conocimientos. A este «samurái de la sabiduría» se le atribuye la descripción de las cuatro características que corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Ignoro si la conveniencia del mantenimiento de tales rasgos en los jueces continúa vigente; el sentido común diría que sí.

Asimismo, se le adjudica la autoría de la frase de que hay ocasiones en que la justicia misma produce entuertos, sin que nadie haya hecho mención a que preguntara a la Pitia en el oráculo de Delfos cómo sería la situación de la justicia en la España del siglo XXI, cuando ella le decía que era el más sabio de los hombres al admitir su ignorancia.

Aunque viene de lejos, la base conceptual de lo que pasa en ciertos sectores judiciales, policiales, políticos, mediáticos y en otras cavernas similares, está en la ya famosa arenga de Aznar: «El que pueda hablar, que hable; el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover, que se mueva. Cada uno en su responsabilidad tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos». Supernarciso, que nos metió en la guerra de Irak con mentiras y que se refería a ETA como Movimiento Vasco de Liberación —con una familiaridad que ni el «filoetarra» Sánchez se ha atrevido a tener—, fue nombrado rodrigón a perpetuidad por las derechas para que estas no se tuerzan en su recto camino hacia el extremo. Algunos jueces acudieron prestos al llamamiento.

La espontaneidad arrogante de Cosidó nos lo dejó claro cuando en 2018 se jactaba ante sus senadores de que controlaría la Sala Segunda «desde detrás» tras el acuerdo alcanzado para la renovación del Consejo General del PPoder Judicial (CGPPJ) y el nombramiento del magistrado Marchena al frente. Así se aseguraba poder esconder los casos de corrupción del PP pendientes.

Había que acabar con el gobierno de Sánchez de cualquier manera. Una de ellas, poniendo en el punto de mira a su cónyuge. El juez Peinado, que vive en un chalet —parece ser que declarado como almacén y con presuntas irregularidades legales patentes—, se ha obsesionado con encausar a Begoña Gómez, tras admitir la denuncia de los ultraderechistas de Manos Limpias, tan sucias, a la que se sumó Hazte Oír, lo que ha utilizado el PP de Feijóo y sus medios de la fachosfera como hecho probado y sentenciado. Y sigue empeñado en su investigación prospectiva —es decir, «por si suena la flauta», aunque esto lo prohíba nuestro ordenamiento jurídico— hasta que descubra que, de pequeña, se hacía pis en la cama o algo parecido.

El juez García Castellón, tan afín al PP, redujo la Kitchen al mínimo para no meter en un lío a Cospedal o Rajoy y no encontró nada raro en el espionaje a Podemos, a pesar de que las grabaciones de Villarejo se investigaban en su juzgado. Al conocer las negociaciones entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, resucitó el caso Tsunami a toda prisa —¿antes había dejado a un comando terrorista en libertad?—. Con la amnistía sobre la mesa, decidió ampliar su investigación por terrorismo a Rovira y Puigdemont, porque así no se les podría aplicar la amnistía. Era una acusación sin fundamento, según la fiscalía de la Audiencia Nacional. Una víctima de una muerte natural le sirvió para hacer el ridículo. Da igual, todo sea por la causa.

Más tarde, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) presidido por Marchena se sumó a esta creativa definición de terrorismo. Al final, la Audiencia Nacional anuló los últimos tres años de esta investigación por un defecto de forma, porque García Castellón había presentado una de las prórrogas fuera de plazo. Tras esta chapuza, el juez decidió archivar la causa al completo.

Sin embargo, el TS ha encontrado una creativa interpretación del enriquecimiento sin riqueza. El delito de malversación no es amnistiable y, en consecuencia, mantiene las órdenes de detención o inhabilitación, según el caso, porque sí hubo enriquecimiento personal de carácter patrimonial al no pagar de sus bolsillos el referéndum. El TS malversa el diccionario —lean a Álex Grijelmo— al considerar que el incremento del patrimonio se produce con la evitación de su decremento, un enriquecimiento sin enriquecerse.

Al juez Aguirre, inventor de la trama rusa, se le escuchó decir: «La ley de amnistía se tumbó por mí» y «al gobierno le quedan dos telediarios alemanes y se va a tomar por culo». Otro imparcial.

Según Martín Pallín, las medidas dilatorias están destinadas al fracaso, pero comprometen el prestigio de nuestra Justicia poniendo de relieve una peligrosa confrontación con el Legislativo y el Ejecutivo. El PPoder Judicial y la derecha quieren controlar a los otros dos poderes.

Ya advertía Francis Bacon que «los jueces deben recordar que su misión es administrar justicia, interpretar la ley, no hacerla o dictarla». Judicialización de la política o lawfare.

La jueza Belén Pérez absuelve al ultra Miguel Frontera de acosar a Pablo Iglesias e Irene Montero en su casa de Galapagar durante meses. No encuentra pruebas suficientes y lo justifica por su labor de gobierno. Podemos estar contentos de que no haya condenado a los acosados.

Varios medios publicaron que la Fiscalía había presentado una denuncia contra la pareja de Ayuso por defraudar a Hacienda. MAR, el mendaz arengador de Ayuso, lanzó un mensaje en el que sostenía que había sido el Ministerio Fiscal el que había ofrecido una conformidad y que la había retirado por presiones del Fiscal General del Estado. Ella, IDA, afirma que todo era una cacería política y que incluso Hacienda debía devolverle dinero al chorbo. La Fiscalía, ante las graves y falsas imputaciones que se hacían, consideró necesario desmentir esa falsa noticia y redacta una nota rectificando. Con ello contribuyó a que la opinión pública dispusiese de una versión oficial que reforzase el derecho a una información veraz. Adivinen quién es el malo.

El PP ha gobernado España algo menos de la mitad de los últimos treinta años, pero ha tenido la mayoría en el CGPPJ durante veintitrés, por los sucesivos incumplimientos del PP a la hora de renovarlo en los plazos legales. Este bloqueo ha sido el último y el más largo: el mandato ha durado diez años y medio frente a los cinco que marca la norma. Siempre con la única intención: colonizar de jueces conservadores los tribunales más relevantes, empezando por el TS.

El PP ha aceptado ahora la renovación por tres motivos fundamentales: la presión de Europa, la presión de la carrera judicial —demasiadas plazas por cubrir con problemas de sobrecarga de trabajo y ascensos bloqueados— y, en tercer lugar, por el ultimátum de Pedro Sánchez.

La Justicia es un objeto de deseo de los poderosos. La derecha y los jueces pretenden que estos elijan su gobierno para privar de esa tarea a los representantes del pueblo y que su control siga estando en manos de los de siempre.

Además, como escribe Mariola Urrea, España no puede asumir sin más debate el blindaje de un modelo de selección y formación de la carrera judicial como el vigente, solo memorístico y corporativista. El sistema de selección perpetúa un modelo asentado en paradigmas de base corporativa propios del pasado.

De todo esto se deduce que Bertolt Brecht tenía razón cuando aseguraba que «muchos jueces son absolutamente incorruptibles; nadie puede inducirles a hacer justicia», o sea.

José Félix Sánchez-Satrústegui Fernández