La credibilidad de la Justicia está en entredicho: es increíble, o sea. No me refiero a los muchos abogados, jueces o fiscales que ejercen su trabajo diario con gran profesionalidad. Hablo, por ejemplo, del Consejo General del PPoder Judicial (CGPPJ), un órgano definido como constitucional, que no lo es porque incumple la Constitución, y autónomo —que tampoco lo es; en realidad está subordinado al PP, que lo ha controlado veintidós de los últimos veintisiete años gracias a sus continuos bloqueos cuando no gobierna—. El CGPPJ se encuentra en situación de ilegalidad desde hace cinco años. Sin la renovación vinculada a la elección de las Cortes Generales, carece de legitimación democrática. Pero ahí siguen de okupas, haciendo, además, caso omiso a Bruselas, cuyo comisario de Justicia, nada sospechoso de socialcomunista bolivariano, reitera la necesidad urgente de su renovación. También es sorprendente la estrategia del PP de recurrir a Europa por un asunto interno como la ley de amnistía cuando tanto criticaron que, durante los momentos más duros del procés, los independentistas catalanes llevaran el conflicto a las instituciones europeas.

El CGPPJ no considera idóneo ahora —hace un año, sí— al Fiscal General nombrado por el Gobierno, Álvaro García. Cientos de jueces se manifiestan armados de toga y puñeta para hacer la ídem al Gobierno, en tenaz apañamiento con el resto de derechas, contra la Ley de amnistía, aún pendiente de tramitarse en el Congreso y contra la que también se pronunció el propio CGPPJ con carácter profiláctico. Cualquier interferencia o injerencia desde el Poder Judicial en decisiones del Ejecutivo o el Legislativo es exactamente eso que se denuncia: una violación de la separación de poderes. La crítica judicial, encabezada por la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, asegura que tal iniciativa, presentada en el Parlamento por los cauces reglamentarios y sometida a los controles preceptivos, supone «el principio del fin de la democracia» o «la derogación del Estado de derecho». Y se quedan tan tranquilos.

Las expresiones «persecución judicial», «instrumentalización de la Justicia» con fines políticos o electorales y «judicialización de la política», según el contexto, son opciones válidas y transparentes en español para sustituir al anglicismo lawfare, según la Fundéu. El acuerdo entre PSOE y Junts adopta la tercera de estas opciones, la que menor carga peyorativa lleva. Quizá por ello, los popes de la Justicia, aunque están en desacuerdo en la utilización del término por parte de rojos y separatistas, continuarán profundizando en la judicialización de la política, entrometiéndose más en las actuaciones del Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, para quien osare usar lawfare, más lawfare. Porque ellos lo valen. No se puede llamar de otra manera que persecución judicial tanto el caso Neurona, que se ha prolongado artificialmente para perjudicar a Podemos, como la persecución a Ada Colau. Monago, mediante mentiras, acusa al juez de Prada de lawfare, cuando todos saben que «Gürtel» fue un caso muy grave de corrupción del PP.

El Tribunal Supremo (TS) ha decidido que Magdalena Valerio no es acreedora del reconocido prestigio, signifique lo que signifique, exigible para el cargo de presidenta del Consejo de Estado, a pesar de una meritoria carrera en diversos ámbitos que el propio altísimo tribunal reconoce. Queda anulado su nombramiento, como solicitaba en su demanda la fundación Hay Derecho. No hay derecho. Sí hubo derecho, en cambio —aunque se le olvidó participar a Hay Derecho—, con Enrique Arnaldo, miembro del Tribunal Constitucional (TC), cuya trayectoria, biografía y contratos ligados a las esferas más corruptas del PP no le impidieron en su día superar ese listón de jurista de reconocido prestigio, o el de Romay Beccaría como presidente del citado Consejo de Estado, como nos recuerda Jesús Maraña en un esclarecedor artículo en infoLibre.

Procurando entender el significado de reconocido prestigio, he recurrido al Diccionario panhispánico del español jurídico que se refiere a ella como «locución usada para referirse al requisito exigido por algunas leyes a los profesionales que aspiran a ocupar ciertos altos cargos». A pesar de reconocer que es «susceptible de ser entendida de diversas maneras», también indica que «solamente una es la procedente» tomando como referencia la STS, 3.ª, 9-V-2011, rec. 1962/2009. Y yo, claro, he seguido sin enterarme. ¿Cuál es la procedente?, ¿quién o quiénes son los que reconocen qué prestigio?, ¿qué criterios siguen?

La batalla de las altas esferas judiciales, mediáticas, económicas y otras contra el gobierno de Pedro Sánchez, lo que pretenden es el poder para Feijóo empujándolo hacia arriba en la cucaña que lo llevaría a alcanzar el premio imposible. Hay que tener en cuenta que a la naturaleza jabonosa de la cucaña se añade el propio carácter resbaladizo del aspirante y los abrazos aceitosos que recibe de Ayuso y Vox. En ese ataque feroz, Feijóo ha considerado necesario un cambio para ser más agresivos aún en el Congreso; para ello ha nombrado nuevos portavoces parlamentarios: Tellado, quien quería sacar a Pedro Sánchez de España en un maletero; Rafael Hernando, el chulo que lanza escupitajos en lugar de palabras y que quiso pegar a Rubalcaba en el Congreso, y Cayetana Álvarez de Toledo, de natural pija y coceadora. «Portacoces» para una legislatura agresiva de la oposición. Y ha vuelto a contar con Arenas, no el hijo o el nieto de aquel Arenas de cuarenta años de trayectoria política, sino aquel mismo.

La derecha debe decidir, en España y en el conjunto de Europa, la relación que quiere tener con la ultraderecha. Cada vez cuesta más distinguirlas.

En la política mundial observamos que ganan las elecciones fieras bípedas  —Bolsonaro, Trump, Milei— porque la gente cree que ellos les van a salvar de los errores de los políticos anteriores cuando lo único que hacen es aplicar políticas de odio. Y no hay nada que una más que el odio. «Los nuevos líderes ultras basan su sex appeal electoral en la legitimación del odio y la violencia» (Rosa Montero). A su paso por Argentina, para felicitar a Milei, Abascal ha afirmado que «habrá un momento que el pueblo querrá colgar de los pies a Sánchez». Feijóo critica las palabras del baranda de sus socios en varios gobiernos autonómicos y municipales —y buscando el estatal—, pero matizando que Vox sigue la estrategia del PSOE, al que el PP ha acusado de victimizarse con unas «presuntas ofensas».

En cuanto a la guerra en Gaza, uno se pregunta si el ejército israelí instó a que los gazatíes marcharan hacia el sur para poder matarlos allí a todos juntos. Mucho más fácil. Hamás es un grupo terrorista, sí, y Netanyahu es un fascista que preside un gobierno terrorista, genocida.

La convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU a instancias del secretario general, António Guterres, que recurrió al artículo 99 de la Carta fundacional para intentar forzar un alto el fuego humanitario que alivie la catastrófica situación en Gaza concluyó con una resolución favorable y contó con el apoyo de todos los miembros de dicho órgano con la excepción de los Estados Unidos, que la vetó, y del Reino Unido que se abstuvo. La que fue considerada alguna vez la primera democracia del mundo hoy es propietaria de un reconocido desprestigio. La solución a las democracias deficientes no está en la deriva hacia el autoritarismo posdemocrático —o hacia una dictadura clásica—, sino en la búsqueda de la democracia plena.

He recurrido a mi reconocida subjetividad, sin ningún tipo de prestigio, aunque coincidiendo con otras muchas personas también subjetivas sin prestigio, y he llegado a una conclusión: las altas instancias judiciales lo que persiguen es incrementar su ya reconocido desprestigio. Como la propia humanidad, o sea.

PD.:  Más que los actos de los malos, me horroriza la indiferencia de los buenos (Mahatma Gandhi). No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena (Martin Luther King).

José Félix Sánchez-Satrústegui Fernández