La Fiscalía pide 37 años de prisión en el juicio contra Emilio Valerio

Tras un año de espera, la vista se celebrará entre el 23 y el 26 de noviembre en la Sección 2 de la Audiencia Provincial de Navarra. El que fuera teniente fiscal de Madrid, Valerio, y su esposa se enfrentan a varias décadas de prisión y al pago de veinte millones de euros entre multas e indemnizaciones a la Hacienda Pública.

Se le acusa de nada menos que de quince delitos contra la Hacienda Pública. El uno de julio pasado, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estella/Lizarra, Navarra, Isabel Fanconi Villar, dictó apertura de juicio oral contra el ex fiscal de Madrid (ya expulsado de la carrera) y bodeguero, Emilio Valerio, su esposa, María García García, y nueve empresas de su propiedad.

Por su parte, la Fiscalía solicita un total de 37 años de prisión para él así como multas por un valor de 4.499.805,01 euros, además de 4 años de cárcel para su esposa como partícipe a título lucrativo.

La Comunidad Foral de Navarra se persona solicitando siete años y nueve meses de prisión para el exfiscal Valerio y su esposa, y una cantidad por multas de 15.894.696,86 euros. Contemplan un supuesto fraude de IVA a la Hacienda Foral de Navarra, que se habría cometido entre 2013 y 2016, ascendiendo según sus cálculos a 4.541.341,96 euros, a lo que se añaden los intereses de demora.

El matrimonio formado por Valerio y García debe afrontar por separado la acusación por quince delitos contra la Hacienda Pública, quince delitos de falsedad documental, un delito de frustración de la ejecución, un delito de blanqueo de capitales y otro delito por pertenencia a banda armada.

Sus empresas igualmente imputadas son: Laderas de Montejurra, S.L., La Vasconia Compañía de Cervezas, S.L.; Bandera de San Andrés, S.L., Olaldea Compañía de Compercio, S.L., Abbatia Compañía Cervecera del Norte, S.L., Abauntza, S.L., Talleres de Costura. S.L., Izar & Alai, S.L. y Compañía Agraria San Veremundo, S.L., que habrán de responder por delitos contra la Hacienda Pública, delitos de falsedad en documento mercantil oficial, delitos continuados de blanqueo de capitales, delitos de frustración de la ejecución y delitos de organización criminal.

Por su parte, la instructora determinó que Valerio y García “constituyeron una pluralidad de sociedades con el solo fin de eludir el pago de impuestos (impuesto sobre el valor añadido) y una vez iniciado el procedimiento administrativo correspondiente, se desprendieron de su patrimonio, aportándolo a otra sociedad, Hacienda Agraria de Di Castillo, S.L., con el solo fin de no asumir las responsabilidades pecuniarias derivadas de ello”.

La magistrada Fanconi Villar ha requerido a todos los acusados para que presten fianza conjunta y solidaria por un total de 9.582.111,32 euros: “Para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponerse”, advirtiéndoles que “de no prestarla se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada”.

Valerio fue fiscal durante un total de 36 años y gestionaba varias empresas de su propiedad siendo teniente fiscal. Fue expulsado de la carrera por cometer una falta muy grave, recogida en el artículo 62.6 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que tipifica como infracción muy grave “el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de Fiscal, establecidas en el artículo 57 de esta Ley”.

Y es que, siendo teniente fiscal creó, entre 2007 y 2013, dieciséis sociedades mercantiles sin tener en cuenta las posibles incompatibilidades. Todas ellas relacionadas con el vino, el aceite y la cerveza, producidos a partir de las materias vegetales cultivadas en sus propiedades familiares.

El abogado y denunciante de corrupción Sebastián Gómez Marfil presentó por ello continuas denuncias, consiguiendo finalmente que se incoase el expediente sancionador. Como consecuencia, el Consejo Fiscal presidido por la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, propuso su expulsión al ministro de Justicia. Rafael Catalá lo ratificó dos meses después, en 2016. En 2018 la Audiencia Nacional confirmó dicha expulsión.

Gómez Marfil ha solicitado el apoyo de ACODAP, y de aquellas «organizaciones, grupos y personas honradas que luchen contra la corrupción y las graves represalias que sufrimos los denunciantes de corrupción».

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