Así de tajantes se han mostrado los ediles de EH Bildu ante la posibilidad de que el consistorio tenga que hacer frente a indemnizaciones superiores a los 9 millones de euros, a consecuencia del «caso Oncineda».

Si, al final, los tribunales obligan al ayuntamiento a indemnizar a los propietarios de los terrenos con esa cantidad, las cuentas públicas podrían llegar a ser intervenidas. Bildu ha ido más allá apuntando un horizonte verdaderamente oscuro al afirmar que: «la institución municipal podría tener que renunciar a la prestación de todos aquellos servicios a los que no está obligada por ley.»

Según el grupo del Alcalde a esta situación se ha llegado por la irresponsabilidad del PSN-PSOE, en la legislatura que lideró Mª José Fernández y posteriormente por los 8 años de gobierno de Begoña Ganuza (UPN). Mandatos que aseguran desde Bildu fueron ejemplos de incompetencia e inacción sobre el expediente de la Ciudad Deportiva de Oncineda.

El texto íntegro de la rueda de prensa de EH BILDU es el que transcribimos a continuación.

SOBRE LAS PARCELAS DE ONCINEDA DESTINADAS A LA CIUDAD DEPORTIVA

Antes de empezar a desarrollar el contenido de esta rueda de prensa, queremos advertir de que todos los datos y afirmaciones que vamos a realizar en ella se basan en los expedientes relacionados con el desarrollo de la «Ciudad Deportiva Oncineda».

Es decir, que cuando decimos que personas concretas realizaron actos concretos lo decimos basándonos en los expedientes; si en algún caso no fueron solo ellas, desde luego esas otras personas no figuran en los expedientes. Por lo tanto, para cualquier duda sobre los datos que vamos a dar, os remitimos a los expedientes, que, por supuesto, están a vuestra disposición y sobre todo a disposición de toda la ciudadanía.

Legislatura 2003-2007

Como es ya conocido, en la legislatura 2003-2007, el equipo de gobierno presidido por María José Fernández (PSN) inició los trámites para la construcción de una ciudad deportiva en los términos de Oncineda.

No es este el momento de entrar en la conveniencia, viabilidad o necesidad de esta infraestructura.

El objeto de esta rueda de prensa es dar a conocer los trámites que se llevaron a cabo para la adquisición por parte del Ayuntamiento de los terrenos necesarios para la ejecución de dicho proyecto.

El equipo de gobierno de esa legislatura modificó el planeamiento urbanístico para convertir los terrenos de Oncineda, hasta entonces no urbanizables (rústicos) en urbanizables, mediante una declaración de los mismos como de utilidad pública, incluyendo estas parcelas como dotacionales en el «Sistema General Deportivo», con los votos en contra de UPN. Esta declaración fue aprobada definitivamente el 12 de septiembre de 2005 por el Gobierno de Navarra.

Para el desarrollo de la unidad, el sistema de actuación sería el de expropiación.

A lo largo de esa legislatura, se formalizaron convenios urbanísticos con todos los propietarios de los terrenos para iniciar el expediente de expropiación de forma negociada. Dichos convenios fueron aprobados por la Junta de Gobierno Local y firmados por Alcaldía.

El 30 de mayo de 2007, previo recurso de un particular, la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra declara nula la Orden Foral 509/2005, con lo que queda anulada la modificación de planeamiento que había sido aprobada el 12 de septiembre de 2005.

Teniendo en cuenta que los convenios urbanísticos firmados con todos los propietarios tenían como objetivo desarrollar por el sistema de expropiación ese planeamiento para los terrenos de Oncineda, la sentencia del Contencioso Administrativo dejaba sin vigencia los convenios, ya que los terrenos de Oncineda, por virtud de esa sentencia, volvían a tener la consideración de no urbanizables (rústicos).

De esta manera, los terrenos por los que se negocia a partir de entonces, y a los que se pone precio, eran no urbanizables (rústicos), y es importante recordar que esto siguió siendo así hasta la aprobación definitiva del Plan General en 2015.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que el equipo de gobierno de esa legislatura 2003-2007, al final de la misma deja a una lado este proyecto de la Ciudad Deportiva para centrar sus esfuerzos en la construcción del parking subterráneo de la Estación.

Los anexos de 2007

En mayo de 2007, ya en periodo electoral, y en junio de 2007, ya como alcaldesa en funciones, y conociendo los datos electorales que daban la mayoría absoluta a la unión de los votos de UPN y CDN, por lo que sería consciente de que no iba a repetir mandato, María José Fernández firma dos anexos al convenio: el primero, el 14 de mayo, con los propietarios de la parcela 191 del Polígono 4; y el segundo, el 15 de junio, con el propietario de la parcela 408.

En estos anexos, elaborados con la asesoría técnica de EIN, y previa tasación de esta empresa, se pone precio por primera vez a los terrenos en caso de incumplimiento del convenio. El precio fijado fue de 43,93 €/m². Este precio suponía una indemnización en caso de incumplimiento de 4.399.289,80 € por la totalidad de los terrenos objeto de convenio, un precio alto para unas parcelas que seguían teniendo la calificación de no urbanizables (rústicos). En dichos anexos también se amplía el plazo de desarrollo, que pasa de cuatro a ocho años.

Muy importante. Con la firma de esto anexos, los convenios vuelven a estar en plena vigencia, tal y como de manera muy clara se recoge en la sentencia de 25 octubre de 2016 de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra:

Es hecho decisivo el que después de la anulación de la modificación del planeamiento, las partes, con pleno conocimiento de ello, firmasen un anexo al convenio de expropiación forzosa, lo que demuestra que el mismo continuaba generando obligaciones para las partes, pues estas así lo quisieron…

En el expediente no figura la aprobación de estos anexos por ningún órgano de este Ayuntamiento, mientras que los convenios sí habían sido aprobados por las Juntas de Gobierno. Así pues, en atención al expediente, la firma de estos anexos fue iniciativa de Alcaldía.

Surgen aquí algunas preguntas, como por qué y para qué se firman en ese momento, o por qué solo con esos dos propietarios y no con todos. Todo esto cuando ya es imposible continuar en esa legislatura, ya acabada, el desarrollo de ese proyecto, que había sido rechazado por UPN, el grupo que iba a gobernar los próximos cuatro años.

Legislatura 2007-2011

Desde su llegada a la alcaldía, Begoña Ganuza Bernaola firma cuatro anexos a los convenios de Oncineda. Según el expediente los firma solo ella, sin pasar por ningún órgano del Ayuntamiento: ni Pleno, Junta de Gobierno, ni Comisión ni Decreto de Alcaldía.

Anexo de 5 de julio de 2007

El primero de estos cuatro anexos se formaliza el 5 de julio de 2007, con la firma de Ruperto Mendiri Usúa, Concepción Dorronsoro Echávarri, María Luisa Mendiri Usúa y Rosa María García Sanz. En este anexo, referente a la parcela 411 del Polígono 4, el precio acordado para la indemnización pasa de 43,94 € de los anexos firmados por la Alcaldía anterior a 108 €. Esta tasación es la presentada por los propietarios y asumida por la Alcaldesa.

Este anexo es de especial relevancia, ya que en la cláusula 10ª de los convenios firmados por todos los propietarios se lee que:

En caso de que el Ayuntamiento suscriba mejores condiciones que las expuestas con otros propietarios afectados por el sistema general, propietarios originariamente de suelo con la misma clasificación, estas serán de aplicación al suscribiente.

Este anexo implica que todas las parcelas, en caso de incumplimiento de los convenios, habrían de pagarse al precio más alto, que, a partir de la firma del anexo de 5 de julio de 2007, sería 108 €/m2, lo que daría una cifra de 9.670.186,08 € para la totalidad de los terrenos.

Tras este anexo inicial, Begoña Ganuza Bernaola firma otros tres anexos, dos en septiembre de 2007, y uno final en abril de 2008.

 

Anexo de 25 de septiembre de 2007

En el mismo consta la participación de Actividades Alhama S. L., en cuya representación asisten Ignacio Esteban Rodríguez León e Ignacio Chivite Sigüenza. También interviene en el acto José Portillo Galdeano, como antiguo propietario al que Actividades Alhama S. L. había comprado la parcela. Se establece un valor de las fincas futuras a razón de 43,94 €/m² de suelo expropiado

Anexo de 28 de septiembre de 2007

Con Rafael Chivite Solana y Jesús Navascués Garbayo, en representación de la sociedad mercantil «Promociones Herchi S. L.». Se establece un valor de las fincas futuras a razón de 43,94 €/m² de suelo expropiado

Anexo de 28 de abril de 2008

En el participa la familia Retana. Se establece un valor de las fincas futuras a razón de 43,94 €/m² de suelo expropiado.

 Surgen las preguntas: ¿Por qué se firman estos anexos cuando UPN ya había manifestado estar en contra este proyecto? ¿Cuál es la urgencia para firmar estos anexos que dan inicio a los trámites de expropiación cuando no tenía ninguna intención de desarrollar el proyecto de la Ciudad Deportiva? ¿Para qué quería UPN estas parcelas? ¿Por qué en el primero de estos anexos, firmado el 5 de julio de 2007, el precio acordado es de 108 €/m², mientras que en los tres siguientes continúa siendo de 43,94 €/m²? ¿Por qué solo con ellos?

Estas son preguntas a las que ahora mismo no podemos dar respuesta.

 

Pero sí podemos decir a quién consideramos que beneficia la firma de estos anexos.

 

 

A quién beneficia la firma de los anexos

Para EHBildu, está claro que estos anexos no benefician al Ayuntamiento ni a la ciudadanía de Estella-Lizarra. Si UPN consideraba que la ciudad necesitaba estos terrenos, solo tenía que haber separado el planeamiento de Oncineda e Ibarra de la tramitación del Plan General. Aprobando una modificación puntual para estas zonas, y con su posterior desarrollo, el Ayuntamiento hubiera conseguido los terrenos sin ningún coste para la ciudad. UPN tenía la experiencia de que esto era posible, porque ya lo había hecho de este modo en el desarrollo del polígono industrial y del paseo Calle Norte.

La firma de los anexos y los convenios obliga al Ayuntamiento a una indemnización que puede llegar a los 9.670.186,08 € en caso de incumplimiento de los mismos, por unos terrenos que podrían no haber tenido coste alguno utilizando los instrumentos urbanísticos que la propia ley otorga a los Ayuntamientos. Hay que tener en cuenta que los costes del desarrollo (plan parcial, proyecto de reparcelación, proyecto de urbanización, urbanización, etc.) correrían a cargo de los propietarios (como ya había ocurrido en el desarrollo del polígono industrial).

Así, los grandes beneficiados son los propietarios, algunos de ellos promotoras urbanísticas que poco antes de la firma de los anexos habían adquirido estas parcelas como no urbanizables.

La firma de los anexos aseguraba la viabilidad de la inversión, ya que el contenido de estos anexos garantizaba bien el desarrollo urbanístico, con sus correspondientes beneficios especulativos, o bien la indemnización por parte del Ayuntamiento en caso de no desarrollarse.

Los anexos se firmaron cuando ya se vislumbraba el estallido de la burbuja inmobiliaria, y el contenido de los mismos —que garantiza la indemnización en caso de no desarrollo— hace que estos empresarios no tengan ninguna prisa por un desarrollo urbanístico de difícil o imposible salida en el mercado y que además implicaba nuevas inversiones (plan parcial, proyecto de reparcelación, proyecto de urbanización, urbanización, etc.).

Tenemos que aclarar que uno de los sistemas de actuación previsto para Oncineda e Ibarra era el de compensación, por lo que los propietarios podrían haber iniciado el desarrollo urbanístico. Así lo hicieron los propietarios de las parcelas del Polígono Industrial. En defensa de sus intereses, los propietarios prefirieron dejar pasar los ocho años para recibir la indemnización por incumplimiento de contrato.

Entre tanto, los gobiernos de UPN de estos ocho años tampoco hicieron nada. Podrían haber continuado con el proyecto de la Ciudad Deportiva —pero estaban contra este proyecto—; podrían haber desarrollado Ibarra y Oncineda, y hubiesen conseguido los terrenos gratis; y podían por último haber rescindido los convenios y sus anexos… Pero no hicieron nada.

Las consecuencias de no hacer nada

El 25 de febrero de 2013, Promociones Herchi solicita la primera indemnización, recordando al equipo de gobierno y a Alcaldía los compromisos adquiridos. Alcaldía recibe esta petición y la firma; y sin dar cuenta a ningún otro órgano de este Ayuntamiento, decide denegar lo solicitado por silencio administrativo. Sigue sin hacer nada.

Hay que decir que todavía faltaba un año para la finalización del plazo máximo de entrega, por lo que el Ayuntamiento podría haber iniciado el desarrollo urbanístico de Ibarra y Oncineda, con lo que hubiese cumplido con las determinaciones del convenio y adquirido así gratis los terrenos de Oncineda . Pero no hace nada.

Los solicitantes de la indemnización recurren ante el Tribunal Administrativo de Navarra, que el 11 de mayo de 2016 dicta sentencia estimando parcialmente el recurso. Esta sentencia se recibe en este Ayuntamiento el 16 de mayo de 2016, y es entonces cuando por primera vez en EHBildu tenemos conocimiento de los anexos y de las posteriores peticiones de indemnización. La secretaría en funciones dice que los convenios no están en vigor y que no se han ocupado los terrenos, y, con el asesoramiento externo que había participado en la defensa, aconseja recurrir.

Así, haciendo caso a los consejos de los servicios técnicos, el Ayuntamiento de Estella-Lizarra recurre a la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, instancia que el 25 de octubre de 2016 emite sentencia por la cual desestima el recurso presentado por este Ayuntamiento y le condena a hacerse cargo de las costas. Esta sentencia tiene entrada en el Ayuntamiento el 24 de septiembre de 2016.

A raíz de esa sentencia, descubrimos que si bien no se había producido una ocupación física de los terrenos, sí que se habían dado todos los pasos propios de una ocupación administrativa de los mismos, excepto la formalización de la escritura pública.

A partir de ahora

Si la ejecución de la sentencia conllevara la obligación del pago de las indemnizaciones que se derivan de las firmas de los anexos, es decir, 9.670.186,08 €, estaríamos ante una situación financiera gravísima, ya que este Ayuntamiento tendría enormes dificultades para hacer frente a esos pagos. Y en el supuesto de conseguir financiación a través de un préstamo, las cuentas de este Ayuntamiento se verían intervenidas, y la institución municipal podría tener que renunciar a la prestación de todos aquellos servicios a los que no está obligada por ley.

Desde el momento en que recibimos la sentencia, nos hemos puesto a trabajar para recoger toda la información, analizar las consecuencias y, sobre todo, buscar, junto a los servicios técnicos municipales y con la colaboración de asesorías jurídicas, los pasos que se han de dar para que esta situación no suponga ningún coste para los vecinos y vecinas de Estella-Lizarra.

También estamos trabajando para determinar las responsabilidades, darlas a conocer y depurar las responsabilidades políticas o de otro tipo que se pudieran derivar de todas las actuaciones que se han señalado en esta rueda de prensa.

Estamos posiblemente ante la mayor amenaza financiera sufrida jamás por este Ayuntamiento, derivada de la completa irresponsabilidad en la gestión política por parte de PSN y, sobre todo, de UPN. Desde EHBildu Lizarra vamos a trabajar para que los vecinos y vecinas de esta ciudad no tengamos que pagar por la inacción, incompetencia u otras cosas peores de las que no tenemos ninguna responsabilidad.

 

EHBildu Lizarra

Estella-Lizarra, 28 de diciembre de 2016