Así lo argumenta la coalición en un comunicado que Estella Noticias reproduce en su integridad a continuación.
LA PROTESTA CIUDADANA NO ES DELITO: ES DEMOCRACIA
Contigo-Zurekin se reafirma en la convicción de que es un sinsentido que el acto de protesta multitudinario realizado por la ciudadanía de Estella-Lizarra durante la Bajadica de Fiestas pueda convertirse en una persecución judicial hacia 27 jóvenes, y más aún, que el Ayuntamiento se persone como acusación particular sin el conocimiento del pleno municipal. Exigimos la retirada de dicha acusación particular, así como el cese del procedimiento judicial iniciado por la Policía Municipal. Queremos subrayar que, mientras todos los partidos que no conforman el equipo de gobierno apuestan por la creación de un foro de convivencia, UPN califica de chantaje institucional, foro ilegal, blanqueo de actitudes antidemocráticas, etc., el hecho de pedirla.
UPN considera que toda decisión tomada por el equipo de gobierno legítimamente constituido — aunque no tenga la mayoría absoluta y dependa del voto o la abstención del PSN— es de obligado cumplimiento por parte de todos los colectivos ciudadanos, y que expresar su rechazo o protesta es antidemocrático. Es manifiesta la diferencia entre los partidos de la oposición a la hora de analizar el conflicto existente.
Todos abogamos por la creación de un foro de convivencia, y, si fuera necesario, por solicitar ayuda externa. Pero mientras el PSN presenta un discurso equidistante y no ve necesario pedir responsabilidades al equipo de gobierno de UPN, el resto queremos subrayar la mayor responsabilidad de quien ostenta el poder institucional en casos de conflicto entre la institución y la ciudadanía. Desde Contigo-Zurekin entendemos el gobierno municipal como una tarea que consiste en gestionar lo público desde un prisma de democracia participativa, no de la mano de una democracia autoritaria. Entendemos que la Alcaldía, y por ende el equipo de gobierno, ha de abogar por un talante de resolución de conflictos ciudadanos, y no por imponer decisiones que, en demasiadas ocasiones, pueden ser —y han sido, por desgracia— generadoras de conflicto.
En cuanto a la actuación de la señora alcaldesa, Marta Ruiz de Alda, en el suceso del día 24, decir que nos parece totalmente execrable. Teniendo todo el poder institucional que le confiere su cargo, optó por enfrentarse a un ciudadano que le recriminó su actitud hacia los 27 implicados en el asunto de la Bajadica. Es por ello que, aun manteniendo la legitimidad política de seguir en el cargo —por contar con más votos a favor que en contra, por decisión del PSN—, opinamos que ha perdido toda legitimidad moral y la confianza de la mayor parte de la ciudadanía. Ha demostrado una actitud violenta y provocadora en espacio público, ha decidido optar por una persecución política y judicial desproporcionada, y manifiesta una total falta de capacidad para reconducir conflictos.
Por todo ello, opinamos que debiera hacerse a un lado y dejar de liderar el consistorio municipal; esto es, debiera dimitir y dejar que otra persona asuma el liderazgo del mismo. No queremos terminar sin hacer un llamamiento a los partidos de la oposición para que, en caso de que la señora alcaldesa no quiera dimitir, nos pongamos manos a la obra con el objetivo de presentar una moción de censura y evitar así dos años más de democracia autoritaria y de entender la legitimidad para gobernar como legitimidad para imponer.

